GERMÁN VARGAS LLERAS
Las memorias conversadas son historias de vida escritas en primera persona por Isa López Giraldo.
Protagonistas de la Noticia Todelar – 2005
Publicado por Blogger en El Blog de Isa el 6/16/2014 05:56:00 p. m.
Germán Vargas Lleras nació en Bogotá el 19 de febrero 1962. Es abogado de la Universidad del Rosario, senador de la República 1994 – 2006. Obtuvo la votación más alta en las legislativas del 2006. Presidente del Senado, jefe del Partido Cambio Radical, candidato a la Presidencia de la República 2010, ministro del Interior, de Justicia, de Vivienda. Vicepresidente electo…
CAMBIO RADICAL
La ex gobernadora del Risaralda Elsa Gladys Cifuentes, se afilió a Cambio Radical para liderar la propuesta en el Departamento, partido abierto a todas las vertientes políticas. Hay muchas personas que tienen origen liberal, otras conservador, sectores independientes. Estamos construyendo una nueva propuesta política y en esta coyuntura nos ha unido el respaldo que le venimos brindando al presidente Uribe.
La plataforma ideológica de Cambio Radical es un partido de centro que tiene matices en los asuntos referentes a la seguridad del país y al apoyo que le brindamos al presidente Uribe. Estamos muy comprometidos con una política de seguridad. Creemos que hay que continuar respaldando y dándole sostenibilidad a los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Nacional para lograr recuperar la seguridad del país y de sus ciudadanos. Muchas veces hemos hecho propuestas inclusive más audaces que las del propio presidente en materia de seguridad; eso ha motivado a que muchas personas nos consideren un equipo político de centro derecha o de derecha, y yo discrepo de eso, porque la seguridad de los ciudadanos y del territorio nacional no es un problema de derechas o de izquierdas, sino una prioridad para garantizarle la vida a los ciudadanos, para combatir la criminalidad y para señalar condiciones que nos permitan desarrollar al país.
Quedan otros aspectos en materia social y en materia económica. Nos consideramos un partido con una gran sensibilidad social y presentaremos propuestas en el mes de noviembre en todos los frentes en donde nos comprometemos a adelantar un trabajo con asuntos puntuales y soluciones que serán el resultado de la culminación de un esfuerzo que venimos haciendo, lo que podemos llamar el Congreso Ideológico del Cambio. Ahí pensamos que es la oportunidad para que todos los compañeros de todas las regiones del país puedan aportar sus puntos de vista en torno a ese programa y comprometerse también con una propuesta que sea el resultado de un debate y se convierta en la bandera que vamos a defender en la campaña y posteriormente quienes lleguen al Congreso tendrán un compromiso con ella.
Con treinta congresistas entre representantes y senadores para esta fecha, pero cada vez crece más aspirando a ganar más escaños. Nosotros nos hemos impuesto como meta que en todos los departamentos del país logremos una representación política, de manera que no solamente hoy Cambio Radical cuenta con una fuerza parlamentaria muy considerable, sino que tenemos la certeza que en aquellos departamentos donde no tenemos representación la vamos a lograr en el mes de marzo.
El panorama político del país gira en torno al tema de la reelección presidencial del Presidente Uribe y todas las expectativas están centradas en el concepto de la Corte. Quien lea con detenimiento el contenido encontrará que resulta mucho más favorable a las pretensiones que tenemos algunos, de que se avale la reelección que a la noticia de prensa que se difundió en el sentido de que el Procurador pedía el hundimiento de la misma.
Esa providencia divide en su exposición jurídica las razones del procurador en torno a vicios de procedimiento, pero también hace argumentaciones muy profundas sobre los vicios de fondo para establecer que el Congreso tenía plenas facultades en tramitar y aprobar la reforma que era el punto más sensible de la controversia. Ya sobre los asuntos referentes al trámite tendrá el Gobierno la oportunidad de demostrar que se cumplieron con todas las formalidades para la aprobación de la reforma.
Le diría, en resumen, el concepto del procurador, quien lo lea con detenimiento, y así ocurrirá en la Corte Constitucional, encontrará que nos es mucho más favorable que desfavorable en la controversia en torno a la aprobación de la reelección.
La polémica Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso de la República, duramente criticada por la comunidad internacional, rechazada por las ONG defensoras de los derechos humanos y periódicos tan influyentes como el New York Times la han calificado como una ley que garantiza la impunidad y le permite a los paramilitares seguir delinquiendo y narcotraficando.
Lo importante no sólo es si la ley es buena o mala sino si va a cumplir o no con el propósito para la cual fue aprobada. Las dificultades del Gobierno no terminan con la aprobación de la ley, sino comienzan. La aplicación de la ley va a ser muy difícil y compleja y sólo ese resultado nos permitirá saber si fue un buen o un mal instrumento. De su aplicación lo sabremos. Más allá de la importancia que tenga o no la ley, lo que todos queremos y deseamos es que tenga éxito, que estas organizaciones se desmantelen, que se entreguen los fusiles y que un sector de una fuerza ilegal tan grande que hay en el país se desarticule para contribuir a aclimatar la paz; en qué condiciones se haga las prevé la ley.
Yo creo que se logró un equilibrio entre los anhelos de un sector de la población muy grande de que se impusiera justicia y las realidades de una negociación política para lograr la desarticulación efectiva de estas organizaciones. Esperemos que el nuevo Fiscal, quien tiene una enorme responsabilidad en la aplicación de la misma, pero quien además participó muy activamente en su discusión y aprobación, tenga éxito como lo debe tener también el aparato judicial que tendrá la responsabilidad de darle aplicación a la misma.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le pidió al presidente Uribe objetar la Ley de Justicia y Paz a efecto de que el Congreso la armonice con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o que antes de sancionarla la someta a consideración de la Corte Constitucional para que sea quien determine si la Ley respeta el bloque constitucional que incluye los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Estoy en desacuerdo como creo que lo están la mayoría de las organizaciones no gubernamentales y quienes desde el exterior le han hecho críticas a la iniciativa y a la ley aprobada en la mayoría de los casos sin fundamento. Es duro decirlo pero se ha orquestado una campaña que ha provenido aquí, ha sido promovida por los propios colombianos para crear toda suerte de incertidumbres y dudas sobre la Ley.
Una campaña de difamación orquestada aquí por sectores de oposición que han tenido mucho eco en el exterior, de ahí los esfuerzos que adelanta esta semana el Gobierno para tratar de explicar el alcance de la Ley en Washington y en otros escenarios con el propósito de buscar equilibrio en la información que se recibe. Yo digo que es muy desafortunado que en aras de la controversia interna nacional miembros de la oposición hayan creado esta campaña de difamación contra el proceso y contra la propia Ley en el exterior.
Esa información que proviene de allá ha sido originada en Colombia y por supuesto que estoy en completo desacuerdo. Me parece, además, una falta de lealtad con el país trasladar la controversia al campo internacional sin darle al Gobierno la oportunidad de mostrar las bondades de la Ley y a estas organizaciones también la oportunidad de tratar de cumplir con la misma y de demostrarle al país que van a hacer merecimientos para lograr confianza en el proceso.
Los críticos del Gobierno dicen que el Plan Patriota, que es la operación militar más grande adelantada contra la guerrilla, no va a tener éxito porque no tiene un componente social, afirman que la miseria y las desigualdades alimentan la ideología de la violencia.
El Plan Patriota no tiene como propósito cumplir acciones sociales, las acciones sociales se cumplen en otros organismos del Gobierno y en otras entidades. Es un operativo militar para enfrentar a la guerrilla en su retaguardia y para recuperar la soberanía del país en el sur, de manera que están equivocados cuando confunden una operación militar con las obligaciones que tiene el Gobierno en atender compromisos sociales. Esos compromisos sociales se están atendiendo pero en el Ministerio de la Protección, en el ICBF, en la Red de Solidaridad, no en el Plan Patriota que no es nada distinto a la recuperación de la seguridad de la Soberanía del País en los Departamentos de Caquetá y de Putumayo, de manera que estoy en desacuerdo.
